La comisaria europea de Transportes, Loyola de Palacio, planteará ante la UE que se tipifiquen penalmente las negligencias que se cometan en los puertos en materia de seguridad marítima. De Palacio, que se mostró crítica con la actuación de Gibraltar en este campo, anunció también su intención de reclamar el próximo día 9 ante la Organización Marítima Internacional una reforma del Derecho del Mar para evitar que se repitan catástrofes como la del Prestige.
La comisaria, que asiste en Corfú a la reunión del Consejo Directivo de la Internacional Demócrata de Centro, tiene previsto exponer sus iniciativas a la Comisión Europea en la reunión del próximo día 4 y, posteriormente ante el Consejo de Transportes de la UE, para que, finalmente, sea la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE de los días 12 y 13 de diciembre en Copenhague, la que dé luz verde a las disposiciones destinadas a acabar con el tráfico de carburantes pesados por buques que represente un riesgo para los países por cuyas aguas pasan.
En este sentido, ayer destacó ante los periodistas el acuerdo alcanzado ya por España, Francia, Italia y Portugal para expulsar de las 200 millas de sus aguas de exclusividad económica a aquellos buques que tengan más de quince años de vida, no dispongan de doble casco y sean sospechosos de no cumplir todos los requisitos exigidos por la seguridad marítima.
La comisaria tiene también intención de poner a funcionar el mismo día 4 la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que tendría capacidad para enviar a sus técnicos a los puertos y para procesar las informaciones que vayan llegando. Asimismo, Loyola de Palacio planteará el próximo día 9 ante la Organización Marítima Internacional una reforma del Derecho del Mar. Entre otras medidas, considera necesario limitar la autoridad suprema con que cuentan los capitanes sobre sus propios buques, una competencia que -explicó la comisaria- podría tener sentido en el siglo XIX, pero no ahora cuando se transportan mercancías que pueden causar importantes daños al medio ambiente.
En esta línea pretende que se dé mayor capacidad a las autoridades portuarias tanto para retener a los barcos que no estén en condiciones de navegar con seguridad, como para impedir su navegación si el estado de la mar o la meteorología lo desaconsejan
