Artículo escrito por Loyola y publicado en El Mundo
Sabado, 3 de junio de 2000
En vísperas del relevo de la actual Presidencia portuguesa de la Unión Europea (UE), para entregar el testigo a la Presidencia francesa el último día de junio, parece como si hubiese agitado a toda la clase política continental un precipitado afán por ofrecer proyectos multicolores para ordenar el futuro comunitario.
En nombre de la exactitud cronológica, hay que recordar que Jacques Delors abrió el fuego con unas importantes declaraciones sobre la imperiosa necesidad de adaptar las instituciones comunitarias a la prometida ampliación. En realidad, cuando lo hizo, prolongaba las propuestas de Wolfgang Schäuble y Karl Lamers en 1994, que denunciaban la evidencia de que la ampliación del actual recinto comunitario de 15 miembros a 28, 30 o 35, reclamaría una reforma del actual esquema europeo.
Dicha tesis ha encontrado a su más activo doctrinario en Joschka Fischer, ministro alemán de Asuntos Exteriores que, de forma inesperada, ha lanzado a los cuatro vientos europeos su propuesta de convertir la actual organización en una federación de estados nacionales, auténtica bomba jurídica, no sólo por su texto, sino porque el estallido tiene lugar cuando faltan apenas tres semanas para el comienzo de la Presidencia francesa que, como es bien sabido, según los usos de París, pretendía ocupar durante el semestre el protagonismo de las iniciativas y soluciones.
Técnicamente la iniciativa de Fischer resulta manifiestamente inoportuna, puesto que ha perturbado el clima europeo cuando todo el mundo esperaba de la presidencia francesa alcanzar un consenso sobre los llamados tres residuos de Amsterdam: ponderación de votos en el Consejo de Ministros, cuantía de la mayoría cualificada y número de comisarios.
Ello permitiría cerrar, por fin, los interminables aplazamientos que estas tres cuestiones han sufrido en dos tratados y en una Conferencia Intergubernamental (CIG) que ha traspasado a otra segunda CIG la dificultad de poner de acuerdo a los 15 estados miembros.
Nadie puede negar que este penoso alargamiento de los debates sobre los tres asuntos pendientes para admitir nuevos candidatos constituye una asignatura -fea asignatura- pendiente de las instituciones comunitarias y del acuerdo entre los estados miembros.
Y a mí, personalmente, me parecería signo de buena salud europea que esos tres obstáculos, insalvables desde hace ya casi 10 años, encontrasen por fin una solución consensuada, sin reservas, por todos los miembros del Consejo de Ministros.
Por desgracia, las cosas se han complicado con las declaraciones de Joschka Fischer que, aunque hayan sido pronunciadas a título personal y aprobadas también a título personal por el canciller Gerhard Schröder, provocan inevitablemente un deslizamiento ante la opinión popular del centro de gravedad de las preocupaciones europeas.
Fischer ha planteado las cuestiones de fondo hasta ahora envueltas en sabias cortinas de humo y en una retórica comunitaria despegada de la realidad de los pueblos. Europa ha vivido estos últimos años saturada con discursos de algunos predicadores que daban por hecho lo que nadie hacía porque, aunque las palabras fuesen ilusionadas y razonables, los pueblos no las entendían.
Creo que, en un momento crítico para Europa, hay un serio peligro de trabucar el capítulo de las necesarias modificaciones del régimen interno, requisito para asimilar a los candidatos de la ampliación, y el gran debate sobre la identidad final que debamos darle. Europa carece hoy de clasificación jurídica y vive todavía acogida a esa etiqueta que oscila entre la ambigüedad y la ridiculez de lo sui generis, según la todavía no superada definición con que bautizó a la Unión Europea la primera Conferencia Intergubernamental (CIG).
Entre la Europa del viejo molde acuñado en Roma, dentro de la cual seguimos viviendo con adaptaciones de tolerante flexibilidad, hasta la Europa que por fin adquiera una identidad bien definida, según el modelo Fischer o el modelo Delors -tan próximos en lo esencial-, los países menores o, si se quiere menos mayores, deben mantener una vigilancia estricta sobre el desarrollo de esta ampliación. Ampliación concebida en un marco determinado que, desde el mismo instante en que comienza, ya denuncia su condición de mecanismo inservible para un futuro no muy lejano.
Unos podrán hacer grandes diseños sobre la Europa de los 20 o de los 30, mientras otros procurarán realizar la ampliación con el empleo de recursos jurídicos potencialmente perjudiciales para los intereses de determinados socios del club.
El cierre definitivo de los flecos o agujeros del Tratado de Amsterdam debería ser el resultado de la Cumbre del Consejo Europeo de Niza, en diciembre de este año. Y en el texto final, si es que realmente se solucionan los tres residuos, quedará abierto el gran interrogante de cómo podrá funcionar la Comunidad ampliada, según las reglas de nuestras vigentes ordenaciones.
La fórmula de las cooperaciones reforzadas, que ya ha rodado por los tratados anteriores, será el instrumento clave para cubrir la transición entre el momento actual y el futurible de la federación. Esto permitirá a los socios más ágiles del club agruparse entre ellos con objeto de alcanzar determinados fines para los que no se encuentran todavía dispuestos los más jóvenes inquilinos del caserío comunitario.
El asunto capital en este periodo de transición consistirá en saber quiénes serán los participantes en cada cooperación reforzada. La cosa es grave, porque los ausentes sufrirán inevitables retrasos en integrarse a ese llamado grupo de vanguardia que, en definitiva, es lo mismo que llamaban otros tratadistas alemanes el núcleo duro.
Ya se han puesto en circulación numerosas fórmulas para designar a los componentes de este club de privilegio, donde los firmantes del Tratado de Roma, a veces amputados de uno de ellos, podrían constituir el llamado Pentalux y avanzar solos en determinados campos, donde el resto no estuviese todavía en condiciones de igualar los avances de los socios fundadores de esta fórmula, que empieza a resultar la de firmar un Tratado dentro del Tratado.
En nombre de la más elemental objetividad, el único grupo de vanguardia razonable que podría organizar el ejercicio de las cooperaciones reforzadas sería el grupo Europ-11, puesto que la participación en el bloque de la moneda única garantiza la condición homogénea de todos los socios.
A través de las cooperaciones reforzadas, la Unión Europea puede desembocar en una Federación de estados-naciones, según las fórmulas todavía bien neblinosas del binomio Delors-Fischer, pero, en todo caso, cualquier país miembro del actual círculo de los 15 tendrá el inviolable derecho de guardar las ventajas del acervo comunitario. La reforma no puede ser nunca un recorte de lo ya adquirido, que ya pagaron los estados miembros que cumplieron las obligaciones de la adhesión.
Europa vive un momento crítico que hace tambalear las instituciones, pero, sobre toda teoría o modelo ingenioso de convivencia, tiene que quedar establecido el principio de que el proceso de incorporación de los estados hasta ahora excluidos de la Unión Europea no puede representar una renacionalización de lo que hasta ahora era dominio comunitario.
Sabemos que todo esto es difícil y que ese federalismo, resurgido misteriosamente en el recinto de las opiniones después de tantos vituperios, no puede convertirse en fórmula capaz de perjudicar a ninguno de los actuales estados miembros.
La ampliación condena fatalmente a una Europa a geometría variable, donde determinados socios realicen cooperaciones reforzadas aisladamente, pero sin romper jamás la solidaridad con sus compañeros comunitarios. Esta es la teoría. Ahora hace falta que nadie pretenda arrollar a los otros en nombre de una mayor potencia o de un menor espíritu europeo.
Es cierto que los textos reformistas y, en especial el del señor Fischer, olvidan la existencia de la Comisión ejecutiva y, si las cosas se leen con detenimiento, también preconizan la desaparición del Parlamento Europeo en su actual concepción, para sustituirlo por dos cámaras, según los modelos alemanes. Es evidente que estos dos olvidos, transformados en propuestas futuribles, son inadmisibles, porque justamente destruyen los dos centros de gravedad de la comunitarización institucional de la Unión Europea. El tiempo y los europeos aclararemos estos silencios.
Loyola de Palacio es vicepresidenta de la Comisión Europea.
