| Lunes, 15 de marzo de 1999 |  |
La maratón agrícola de Bruselas, rematada en la madrugada del jueves 11 de marzo, ponía punto final a un larguísimo proceso de varias semanas, donde los 15 ministros europeos del ramo debíamos redactar un texto de compromiso sobre las modalidades destinadas a ordenar el capítulo agrícola de la Agenda 2000 y fijar el marco de la Política Agrícola Común (PAC) que permita al sector agrario abordar los primeros años del siglo XXI.
Los trabajos que debíamos cumplir los ministros de Agricultura, se limitaban, como era natural, a las necesidades del sector agrario y a trazar las líneas múltiples de orientación que puedan ser más tarde plasmadas en los respectivos reglamentos, pero el cónclave ministerial conocía perfectamente los límites de sus competencias en el terreno financiero que corresponderá fijar, en última instancia, a los jefes de Estado y de Gobierno, en la Cumbre extraordinaria del 24 y el 25 de este mes.
Como andan en circulación algunas confusiones sobre la buena distribución del trabajo entre las instituciones comunitarias, conviene aclarar que nadie creía en la reunión ministerial agrícola estar en condiciones de cerrar el ejercicio. Todos sabíamos que nuestras propuestas tenían un coste presupuestario que no podíamos establecer con ignorancia de las discusiones de Petersberg.
Nuestro trabajo se limitaba a establecer el mejor modelo posible para la PAC del siglo XXI y, como era lógico, calcular el dinero para convertir la propuesta en realidad y así elaborar un documento justo y equilibrado capaz de servir como base de discusión a los supremos mandatarios de la UE. Los ministros de Agricultura dibujábamos el proyecto con arreglo a criterios técnicos y compartidos por una amplia mayoría en el seno de nuestro Consejo, plasmados en un texto, sólo rechazado de manera formal por Portugal. Aunque algunas representaciones formularon reservas parciales, fundamentalmente relacionadas con aspectos financieros, en ningún caso destinadas a impedir, desde un punto de vista reglamentario, la aprobación ampliamente mayoritaria y permitir al presidente Karl-Heinz Funke, considerar el acuerdo como aprobado, y elevarlo en su texto final a la Cumbre extraordinaria.
«Hemos cumplido nuestra misión», declaró el presidente Funke, a la hora de las despedidas, y creo que esta frase es la que mejor representa las características de nuestro trabajo, porque sometemos a futura aprobación el texto necesario para mantener en buen estado la máquina agraria de la PAC.
Si nuestras peticiones rebasaban ligeramente, según unos, o con largueza, según otros, la barrera de congelación financiera que discutieron los jefes de Estado y de Gobierno en la última reunión de Petersberg, también es evidente que nuestro compromiso tiene suficiente valor moral para hacer reflexionar a los miembros de la Cumbre extraordinaria antes de emitir su última palabra.
Una vez dicho todo esto, que, a fin de cuentas, apenas es algo más que repetir el modesto catón comunitario, cualquier observador estará de acuerdo en admitir que para los intereses españoles será mejor que el compromiso elaborado en el Consejo Agrícola contenga propuestas buenas para España, prácticamente en todos los sectores, salvo la excepción del girasol, adoptada para todos los países miembros, aunque se hayan facilitado fórmulas indirectas de apoyo destinadas a mantener este cultivo.
Me parece que los avances conseguidos en el sector lácteo, en el vacuno de carne y en los cereales representan un incremento de las ayudas al productor que, con sinceridad, son excelentes, además de remediar la injusticia que arrastrábamos como un sambenito. Ayudas, cuyo aumento es muy sensible y están destinadas a beneficiar a las explotaciones agrarias, grandes o pequeñas. Sería muy recomendable que no se repitiesen algunas falsedades sobre esta clara realidad: cuando Bruselas concede una ayuda compensatoria, ésta tiene como destinatarios a todos los hombres del campo y, en el caso del vacuno y de la leche, beneficiarán especialmente a las explotaciones familiares y profesionales.
No podemos olvidar que la Organización Común de Mercado (OCM) del vino, negociada al margen de la Agenda 2000, pero incluida en el acuerdo final, como reclamaba España, responde a los intereses españoles con largueza en beneficio de uno de los sectores más eficaces de nuestra economía.
España ha conseguido, en el compromiso de Bruselas, encontrar remedio a situaciones discriminatorias, soportadas silenciosamente por gobiernos anteriores, más preocupados por otras facetas comunitarias que por el campo español. Pero, además, estamos en mejor postura de la que hubiésemos debido soportar si las reformas incluidas en el nuevo modelo de la PAC se hubiesen aplicado en nuestra precedente situación de clara inferioridad, respecto a los demás países que supieron actuar con mejor diligencia en el momento de discutir las adhesiones y las reformas anteriores.
Desde que llegué a este Ministerio, y a pesar de otras luchas difíciles, creo que razonablemente resueltas, como la larga batalla del aceite, consideré objetivo prioritario remediar la triple discriminación española: en el sector lácteo, donde nuestra cuota era un atentado a la más elemental equidad; en el vacuno, donde el porcentaje de cabezas de ganado primables se situaba en cifras escandalosamente inferiores a las de otros países miembros; y el intolerable rendimiento histórico fijado para los cereales, acogiéndose Bruselas a un tramo estadístico de tres años, donde dos eran de sequía, para colocar a nuestros herbáceos en el nivel más bajo de toda la UE, inferior al de Portugal o al de Grecia.
Es de sobra conocida la dificultad que cualquier reclamación de mejora agrícola experimenta cuando pretende remediar la injusticia de una situación particular. Hay que demostrarla exhaustivamente ante los servicios de la Comisión y choca contra los rígidos moldes de las reglamentaciones ya establecidas, porque los beneficiarios no tienen demasiado interés en atender a los demandantes. La dificultad no apagó la voluntad de emprender la tarea que se había propuesto el Ministerio de Agricultura y, después de dos años y medio de trabajo y lucha, los resultados obtenidos en el documento del 11 de marzo nos gratifican del esfuerzo. En Agricultura pensamos que las únicas batallas irremediablemente perdidas son las que no se dan.
Empresa difícil que jamás hubiese sido posible sin que el presidente del Gobierno, José María Aznar, sostuviese con incansable actividad la posición española -y no sólo en Petersberg-, además de su apoyo a la posición de Agricultura en los momentos críticos, cuando más negros eran los pronósticos.
Lo mismo he de decir de las actuaciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, y de Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores, conocedor como pocos de los más secretos engranajes comunitarios. En este capítulo de agradecimiento, tengo el gustoso deber de incluir al presidente del Consejo de Ministros de Agricultura, Karl-Heinz, siempre en estrecha colaboración con el comisario Franz Fischler, tan receptivos ambos de las peticiones españolas para situar a nuestra agricultura, en el momento de iniciar las nuevas reformas de la PAC, en condiciones equiparables a las de sus colegas comunitarios.
Una última, pero muy importante reseña de gratitudes que quiero incluir en esta lista de defensa del campo español. Me refiero expresamente a las organizaciones profesionales agrícolas y, en especial, a las manifestaciones populares que convocaron COAG y ASAJA y a la presencia de sus líderes en Bruselas. También, a los directivos de cooperativas agrícolas, todos, para exponer sus puntos de vista, enteramente respetables, coincidentes en última instancia con este Ministerio en la idea fundamental de proteger los intereses agrícolas españoles y salvar la existencia de una PAC amenazada por muchos vientos contrarios. La palabra final se la ofrezco al presidente Funke: «Hemos cumplido nuestra misión».
Loyola de Palacio es ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
