Lunes, 22 de junio de 1998
El Mundo
EL Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea deberá decidir en breve plazo los términos definitivos de la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva, a partir de unas deliberaciones finales en las que España defenderá sus intereses con el mismo tesón y firmeza que lo viene haciendo desde junio de 1996, cuando apareció la iniciativa de sustituir la ayuda a la producción real por una subvención al árbol.
Aceptando el principio de que la ayuda a la producción reglamentará un periodo de tres años, quedan por definir las cifras concretas, a través de las cuales quedará articulada la nueva OCM, a partir de una Cantidad Máxima Garantizada (CMG), destinada a servir como base para atribuir a cada nación productora una determinada cantidad, fijada en función de sus respectivas producciones. Si la primera gran disputa diplomática en el foro comunitario fue discutir sobre la ayuda al árbol o la ayuda a la producción, la segunda y decisiva será conocer el porcentaje correspondiente a cada país mediterráneo, y ése es justamente el punto principal que debemos resolver.
La delegación española denunció desde el primer momento la falta de fiabilidad de los datos manejados por los servicios de la Comisión, para fijar las cantidades reales de producción disponibles en cada cosecha, y esta impugnación fue al fin recogida por Bruselas, que plantea un periodo de tres años a la espera de mejorar estos datos. Entre otras acciones, está el encargo de diversos trabajos a empresas especializadas, para medir la extensión del espacio olivarero, por lo menos con relativa aproximación.
Pero el gran problema para este periodo transitorio era obtener la media de las producciones nacionales, basándose en los rendimientos estadísticos del olivar durante varias campañas que fueron sentenciadas de manera automática sobre una muestra de cinco, con exclusión del mejor y del peor del quinquenio, sin que nadie tuviese la curiosidad de comprobar si el periodo elegido correspondía a situaciones meteorológicas normales o extraordinarias. La primera protesta de España fue denunciar el carácter arbitrario de la elección, puesto que nuestro país ha padecido un largo periodo de sequía que no puede ser considerado como base eterna, llueva o no llueva sobre el olivar. Los cálculos comunitarios intentan condenar a España a la perpetua sequía, porque los expertos han seleccionado entre las cinco últimas campañas un año ligeramente seco, otro extraordinariamente seco y otro muy seco. Así se nos asignan 625.000 toneladas, pero la cantidad sería muy otra si se tuviera en cuenta una media equilibrada que recogiera años secos y húmedos.
Con enormes dificultades España pretende que se considere el cálculo porcentual de la producción española sobre la base de las tres últimas campañas que presentan un año extremadamente seco y dos húmedos, lo cual parece más acorde con la razón, a la hora de fijar una serie temporal.
Para encajar la proyectada reforma sobre la realidad del olivar europeo, es preciso además que la actual propuesta de la Comisión aumente la Cantidad Máxima Garantizada de 1.562.000 toneladas / año hasta alcanzar el 1.800.000 que ha solicitado el dictamen del Parlamento Europeo, única cifra real, sin acogerse al subterfugio de la sequía padecida por España. Para eso, será preciso aumentar el presupuesto dedicado por los fondos europeos al sector, y la consiguiente modificación del actual presupuesto que la Comisión pretende congelar, en claro perjuicio no sólo de los olivareros, aunque sean los más afectados, sino de todo el espacio agrario mediterráneo.
Cuando se han vivido en Bruselas episodios de derroches presupuestarios incalculables, a propósito de ciertos sucesos recientes, parece sumamente injusto que en este caso una razonable reclamación de cantidades menores, en relación con otras pródigas partidas, puedan regatearse con tristísima roñosería.
El cultivo del olivar no es sólo una manera de ganar dinero como cualquier negocio corriente, porque representa el necesario cimiento para apoyar un determinado sistema de vida y organización social, mientras cumple la vital tarea de mantener intacto el medio ambiente en un espacio geográfico donde el olivo carece de alternativa agrícola. Su destrucción supondría infinitamente más que la quiebra de un negocio, porque tendría graves consecuencias sobre el empleo y el buen equilibrio de la sociedad en grandes comarcas del territorio español y, por lo tanto, su futuro reclama toda suerte de legítimas garantías. Así lo ha entendido el Gobierno desde que conseguimos suprimir la propuesta de ayuda al árbol por la ayuda a la producción, mientras ahora tratamos de ajustar la reglamentación comunitaria que debe ordenar su mercado durante los próximos tres años a la realidad del olivar español.
Lamento de todo corazón que la unidad existente en la primera fase de esta larga lucha con Bruselas del Ministerio, apoyado por todo el sector, sindicatos y partidos políticos incluidos, se haya roto cuando era más necesaria, por razones exclusivamente políticas, y desearía que en las horas decisivas que nos aguardan, fuésemos capaces de restablecer el frente común que tan buenos resultados ofreció durante algún tiempo. Pero, en cualquier caso, tengo que dejar claramente dicho ante la gran familia olivarera que no existe ninguna amenaza de arrancar olivos y que lucharemos para recibir lo que nos corresponde. Tiempo tendremos al término de las negociaciones para que, entre todos los discursos que ahora resuenan sobre el cielo del olivar, el pueblo reconozca a quienes le defendíamos y señale a quienes trataron de engañarlo.
Loyola de Palacio es ministra de Agricultura.
