| Martes, 9 de marzo de 1999 |  |
HOY martes comienza el que debe ser último acto del largo maratón agrícola que los ministros europeos del ramo debemos concluir como cierre de una larga y durísima negociación, destinada a establecer el contenido del capítulo agrario de la Agenda 2000.
La magnitud del acontecimiento y su impacto en la sociedad de todos los estados miembros de la Unión Europea se ha puesto de manifiesto con importantes concentraciones de agricultores, dispuestos a «defender su profesión», como bien decía el lema de Asaja el pasado sábado, o la necesidad de preservar los intereses de los profesionales, como reclamaba hace 15 días la también importante convocatoria popular de la COAG. Todos ellos unidos por la unánime voluntad de salvar al mundo agrario de una crisis económica cuyas consecuencias pueden ser gravísimas, no sólo para los hombres y las mujeres del campo, sino también para la sociedad en su conjunto.
El Gobierno español, desde el presidente, José María Aznar, hasta los ministros Abel Matutes y Rodrigo Rato, ha sostenido con tesón inquebrantable al Ministerio de Agricultura en la defensa de los intereses españoles, y esta enérgica actitud durante las largas sesiones anteriores a la cita capital de hoy ha permitido que España haya sido atendida en una parte importante de sus reivindicaciones que, como es natural, no pasarán del estado de proyecto al de realidad legal hasta que el proceso haya terminado. Pero es evidente que siempre se luchará mejor en la discusión final con un paquete de propuestas favorables que sobre la incómoda posición del punto cero.
Dicho todo esto, considero un ejercicio de alta utilidad fijar con exactitud el punto en que se abrirán los que deben ser debates definitivos, porque está, por desgracia, muy extendido en España el gusto por el catastrofismo, empeñado en embadurnar con la tinta negra del pesimismo anticipado los términos de un desenlace todavía desconocido.
En primer lugar, será necesario decir que estamos ante una crisis presupuestaria de la Unión Europea, porque su máximo contribuyente, que es, como todo el mundo sabe, Alemania, ha decidido reducir sus aportaciones a la caja común, a su juicio desproporcionadas en comparación a las realizadas por los restantes países del club de los Quince. Esto quiere decir que todos los socios comunitarios se verán afectados, de una manera o de otra, por los recortes o las contribuciones del futuro presupuesto global.
Estamos ante un problema que afecta a todos, y a España entre ellos, por eso constituye una clara deformación de la verdad presentar esta crisis como un recorte que sólo tiene destinatarios españoles: todos, sin excepción, estarán afectados por los futuros ahorros.
Existe ahora mismo sobre la mesa de negociación una sola propuesta formal, con el título Transacción consolidada de la Presidencia de acuerdo con la Comisión, bajo la matrícula SN 2017 / 99. Este documento es el texto de base que circula en el Consejo y tiene el enorme valor de que, para modificar las propuestas de la Comisión, los 15 ministros precisan de la unanimidad.
Naturalmente, cada Estado miembro es muy libre de lanzar sus propuestas y someterlas a la aprobación colectiva, tal y como ha hecho el Gobierno alemán con su sorprendente texto de recortes drásticos en el presupuesto agrícola, para conseguir un ahorro de 16.000 millones de euros a base de cercenar sin contemplaciones las cantidades destinadas a compensar con ayudas a los agricultores por la bajada de los precios prevista en la Agenda 2000, y desvirtuar el propósito inicial de la Agenda 2000. La propuesta estaba en flagrante contradicción con la de la Presidencia alemana y la Comisión que, como hemos dicho, es el documento de base en circulación.
En este punto se sitúa el centro de gravedad de las negociaciones que hoy abrimos en Bruselas, porque el texto ya citado de la Presidencia y de la Comisión será sostenido, según sus declaraciones en la reunión ministerial del pasado jueves, por el comisario Franz Fischler.
Es falso, rigurosamente falso, decir que hoy empezamos la negociación de cero, porque la propuesta de la Comisión sigue viva y, por lo tanto, invulnerable hasta que otra, votada por unanimidad, la desmonte, o bien el propio comisario decida modificarla para aceptar un nuevo texto transaccional, que será posiblemente la tarea que nos ocupará durante esta semana.
Ni empezamos de cero, ni los ahorros se concentran exclusivamente sobre los intereses agrícolas españoles, porque todos estamos obligados a aceptar la voluntad del socio más rico de reducir sus cuantiosas aportaciones. Ahora se trata de conseguir que las rebajas resulten menos dañinas para los intereses de nuestro país, cuando ya habíamos alcanzado, a fuerza de tesón, el reconocimiento para remediar las injusticias a que ha estado sometida nuestra agricultura, por culpa de una mala negociación a la hora de entrar en el recinto comunitario y por la constante actitud de debilidad en que se movieron los anteriores gobiernos en el terreno específico del mundo agrario.
La verdadera cuestión, si hablamos claro, que debe zanjarse esta semana es el porvenir de la Política Agrícola Común (PAC), establecida en el Tratado de Roma, porque existen fuertes presiones para reducir los gastos destinados al campo, como si la agricultura fuese tan sólo una actividad económica pura y dura, con olvido de todo lo que representa como garantía de la seguridad alimentaria, de ofrecer productos sin adulteraciones y además, servir como guardián del medio ambiente.
Lo importante es salvar la PAC, basada en los dos principios fundamentales del Tratado de Roma: solidaridad financiera y preferencia comunitaria. A eso tenemos que aplicarnos, sin abrir disputas secundarias inoportunas. Ahora se trata de salvar el principio de la existencia de la PAC, y luego veremos la manera de encajar sus necesidades en un presupuesto más estrecho que, en ningún caso, como dijo el presidente Aznar en la última Cumbre de Bonn, podrá ser tan corto como para no atender a las justas necesidades del campo europeo.
Hemos luchado en Bruselas sin descanso por mantener las ayudas que los presupuestos comunitarios ofrecían a nuestros agricultores y, nadie va a ser capaz de debilitar nuestras reclamaciones, basadas en la pura justicia, según las reglas establecidas por el Tratado de Roma.
Las manifestaciones de Asaja y COAG constituyen la expresión de una inquietud y una justa exigencia que tendré el deber y el honor de defender en Bruselas. Ellos saben que jamás nuestro Gobierno ha vacilado en mantener su firme posición, y puedo asegurarles que, a partir de hoy, la voz de España seguirá sin desmayos sonando en defensa de esos admirables hombres y mujeres del campo español, que ofrecen tanto a la sociedad y sólo pretenden «defender su profesión».
Loyola de Palacio es ministra de Agricultura.
