| Lunes, 29 de junio de 1998 |  |
CUANDO se han cerrado en Luxemburgo, después de una larga noche de difíciles negociaciones, las reglas que ordenarán la futura Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva, creo que tengo la obligación de explicar a los españoles en general, y a los olivareros muy en particular, las incidencias de un proceso en el que el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, ha batallado durante dos años, en condiciones muy difíciles. Porque no resulta empresa sencilla en tiempos de restricciones presupuestarias, como los que se viven actualmente en la Unión Europea (UE), obtener dineros suplementarios, cuando son 15 los estados miembros, obligados a ponerse de acuerdo para ampliar los gastos.
Con toda objetividad y, sin emplear otro argumento que los números y las cuentas claras, hay que recordar que si la Unión Europea hubiese aprobado en 1996 la propuesta inicial de ayuda al árbol del comisario Fischler, España habría recibido 125.000 millones de pesetas como ayuda a las 500.000 toneladas que, según los contables de Bruselas, nos correspondían.
Nuestra protesta, que algunos han podido calificar de apasionada, pero que me permito recordar fue de gran utilidad, permitió aparcar la iniciativa de la ayuda al árbol y restablecer la ayuda a la producción en la propuesta del comisario Fischler de marzo de este mismo año, donde, según las estadísticas manejadas por los gabinetes bruselenses, nos correspondían como Cantidad Nacional Garantizada para España 625.000 toneladas, después de haber corregido con diversos retoques la de 565.000 toneladas que en un borrador filtrado nadie sabe por quién, se nos había asignado.
Con retoques o sin ellos, los datos seleccionados por la Comisión Europea se apoyaban en las cifras del olivar español durante el más largo periodo de sequía padecido por nuestros campos durante el siglo, en un trabajo de maliciosa estadística, aunque fuese aritméticamente correcto, porque las lluvias caídas sobre nuestro país en las dos últimas campañas han demostrado que los números no se ajustaban a la realidad española en condiciones normales de pluviometría, como si alguien quisiera condenarnos a la cadena perpetua de medir nuestros derechos con arreglo a coeficientes de años en que no había caído una gota.
En estas condiciones, se abre el Consejo de Ministros de Luxemburgo de la pasada semana.
Nosotros teníamos asignadas 625.000 toneladas de Cantidad Nacional Garantizada, según los cálculos de la Comisión, y era necesario luchar para que el Consejo admitiese un cambio en la estadística de base que, en lugar de apoyarse en los cálculos de la Comisión, lo hiciese sobre las tres últimas cosechas. Y conviene recordar a ciertos desmemoriados que en su momento aceptaron sin rechistar que Bruselas nos impusiera en otros cultivos estimaciones basadas en años de sequía, que, por primera vez, se acepta el argumento de que semejante anormalidad meteorológica no puede mantenerse con carácter eterno.
El Consejo de Ministros de Agricultura acepta esta vez nuestra denuncia para abrir su debate interno a la realidad olivarera española, muy por encima de las 625.000 toneladas, punto de partida en Luxemburgo.
En aquel momento, empieza la larga semana de Luxemburgo, durante la cual se multiplican las sesiones restringidas del Consejo de Ministros, en las que sólo están presentes el titular y un técnico, y los encuentros, allí llamados bilaterales, donde el presidente del Consejo, en la ocasión el ministro británico de Agricultura, J. Cunningham, y el comisario, Franz Fischler, reciben al titular de un país miembro, prácticamente a solas, para ajustar las ofertas posibles a las peticiones de los demandantes.
Son entrevistas de una gran tirantez, porque siempre aparece una diferencia entre las cifras manejadas, todo ello mientras el reloj sigue su avance.
La primera propuesta que España recibe el martes pasado por la tarde es de 675.000 toneladas, una cantidad inaceptable para nuestro país, porque estaba muy lejos de la media real de las tres últimas campañas que nuestra delegación había establecido como base de negociación, para oscilar alrededor de ella en el resultado final.
Al día siguiente se distribuye un documento de negociación con 709.000 toneladas, que también rechazamos. La situación es durísima al denunciar alguno de los países productores que sólo se hacen propuestas que benefician a España, mientras alguno de los del norte cuestiona el aumento del presupuesto en casi 12.000 millones de pesetas que supone esa concesión.
Las reuniones bilaterales se multiplican, y la tirantez va en aumento ante lo que algunos califican de demandas «insaciables» de la delegación española.
Simultáneamente, algunos ministros de países no mediterráneos me transmiten su solidaridad y su voluntad de que encontremos una solución aceptable para nuestro país. Francia, con quien además compartimos la común defensa del sector platanero europeo, resulta un aliado leal.
Al día siguiente la nueva propuesta se concreta en otra oferta de 740.000 toneladas, igualmente considerada insuficiente por nuestra delegación y, tanto la Presidencia como el comisario, cuya colaboración ha sido decisiva, nos anuncian que ya el margen es prácticamente nulo.
Sin embargo, un último empujón, el más complicado y tenso de todos, ya en la madrugada, sitúa la cuota española en las 760.026 toneladas que acaban incluidas en el documento final de clausura.
Habíamos empezado con una Cantidad Nacional Garantizada de 500.000 toneladas en junio de 1996, habíamos pasado por la de 565.000 en febrero de 1998, que en marzo se transformaban en 625.000, para subir a 675.000 toneladas el 23 de junio. Luego 709.000 toneladas la mañana del 24 que se aupan hasta las 740.000 el mediodía del 25 de junio y culminan en las 760.026 toneladas de la madrugada del 26 de junio.
Este ha sido el itinerario de un largo combate, cerrado con la ayuda más alta jamás obtenida por el olivar español por parte de Europa y que cuesta trabajo no considerar claramente positivo.
Creo que hemos servido al olivar español y creo también que el olivar español se merece el reconocimiento a su trabajo, para conseguir en cada cosecha ese puro milagro que es el aceite.
Loyola de Palacio es ministra de Agricultura.
