Blog (autorizado y oficial) de una política vasca, española y europea.Fue Ministra de Agricultura de España y la primera española en ser vicepresidenta de la Comisión Europea.Su frase:"LA ÚNICA BATALLA QUE SE PIERDE ES LA QUE NO SE DA"
Publicado el 1 Octubre, 2007 Publicado en la sección Actualidad |
Con ocasión del seminario organizado por el Instituto de Empresa sobre, ‘Los desafíos de la energía en Europa’ (European Energy Challenge) ayer lunes se rindió homenaje a Loyola de Palacio como ex comisaria comunitaria de Transportes y Energía.
Al acto asistieron personajes relevantes de la Unión Europea, como el propio José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea; Neelie Kröes, Comisaria Europea de Competencia; Andris Piebalgs, Comisario Europeo de Energía. Por parte española estban persentes, la hermana de Loyola, Ana Palacio, Vicepersidenta del Banco Mundial, el persidente de ENDESA, Manuel Pizarro, y también el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos. Además estarán persentes los persidentes de las principales electricas europeas, como Enel o Eon.
La persencia del ministro socilalista contrasta con la mezquina postura del PSOE en los foros europeos, que ha vetado la creación de unas becas para jóvenes mujeres investigadoras que lleven su nombre.
Como miembro de este Parlamento Europeo y como Vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Transportes y Energía, puso todo su talento al impulso de proyectos tan importantes como los ejes ferroviarios transpirenaicos, el proyecto Galileo (GPS europeo) o la renovación de la política energética europea.
Al acto de homenaje han asistido reunirá una gran parte de las autoridades comunitarias en la materia y de las compañías más representativas del Viejo Continente. Y ha servido para abordar el momento de cambio que atraviesa el sector, con fuertes movimientos de concentración empresarial. Diego de Alcázar, presidente del IE afirma que “esta iniciativa constituye una oportunidad única en la que debatir el nuevo escenario energético que estamos viviendo en aras a fomentar la creación de un mercado paneuropeo de energía competitivo y caminar hacia la completa liberación del sector”.
minutodigital
El Correo, 3 de mayo de 2004
LOYOLA DE PALACIO, COMISARIA DE TRANSPORTES Y VICEPRESIDENTA DE LA UNIÓN EUROPEA
La dirigente popular declina valorar sus opciones como candidata a lehendakari Espera que el PNV «reconozca al final que el plan Ibarretxe sólo lleva al precipicio»
ALBERTO SURIO/SAN SEBASTIÁN
Loyola de Palacio abandonará Bruselas el próximo 30 de noviembre, después de cinco años como comisaria de Transportes y vicepresidenta de la Unión Europea, una época que considera «la más apasionante de mi vida». Mientras tanto, prefiere no valorar su posible implicación en la política vasca como hipotética candidata a lehendakari. «Son los responsables del PP vasco los que tienen que tomar una decisión», asegura.
-¿Está dispuesta a implicarse en la política vasca?
-Desde hace mucho tiempo estoy arrimando el hombro en el País Vasco con mis compañeros. Lo que hace falta es que ellos tomen sus propias decisiones. A partir de ese punto, yo siempre estoy y estaré ahí colaborando, trabajando e intentando apoyar al máximo. Son las gentes del PP del País Vasco las que tienen que tomar sus propias decisiones.
-Pero usted ya ha mantenido gestiones para tantear sus eventuales apoyos
-Lo único que le tengo que decir es que yo soy vicepresidenta de la Comisión. En eso es en lo que estoy hasta el 30 de noviembre, que es cuando acaba mi mandato. Mientras tanto, no hay ni un antes ni un después. El PP vasco tendrá que tomar sus propias decisiones.
-Ha nacido la Europa de los 25. Una ampliación histórica que a la vez suscita algunos temores
-Es una decisión justa y decisiva desde el punto de vista de la trascendencia histórica, en la medida en que supone la superación de las heridas dramáticas del siglo XX, sobre todo en los ocho de los diez países que quedaron al otro lado de la vergüenza, bajo dictaduras comunistas brutales. Es la culminación de ese reencuentro. A partir de ahí, es cierto que el objetivo prioritario consiste en conseguir que esta ampliación sea un éxito rotundo, y yo creo que se va a lograr.
-¿Le inquieta que la ampliación origine recelos en España por el recorte de las ayudas comunitarias que hasta ahora ha recibido?
-España va a dejar de recibir estos fondos, pero no porque exista una ampliación sino porque lo hemos hecho bien, hemos crecido más rápidamente que el resto de los países europeos. Espero que el Gobierno Zapatero sea capaz de mantener las tendencias de crecimiento que ha habido durante las ejecutivas de Aznar. Siempre digo que me gustaría ser como Alemania, tener su nivel de renta y ser contribuyente neto.
-¿Existe un riesgo de una deslocalización de empresas que se sientan más atraídas por los nuevos países que se incorporan a la UE?
-También ese temor existía cuando entró España en el Mercado Común, y la realidad es que no nos vinieron a España firmas francesas o alemanas ni de ningún otro país de la Unión. Hubo algunas que se instalaron en España aprovechándose de costes laborales más bajos, pero sólo fueron unas cuantas. Ahora debería pasar lo mismo, salvo que en España lo hagamos mal. Hace falta esforzarse y llevar a cabo las medidas necesarias para demostrar que España sigue siendo un país atractivo para las industrias y las empresas, que el factor coste laboral sólo es uno entre tantos elementos.
Expectativa soberanista
-¿El País Vasco puede verse especialmente afectado por ese recorte de las ayudas comunitarias?
-En absoluto. El País Vasco se ha beneficiado de los fondos de cohesión, que los ha logrado gracias a la solidaridad de España entera, porque hay que recordar que se reciben, entre otras cosas, porque Andalucía y Extremadura tienen un nivel de renta muy bajo. Los fondos de reconversión industrial se han aplicado ya y los fondos de tipo agrícola se van a seguir percibiendo. Por otra parte, el País Vasco seguirá recibiendo una serie de ayudas a las redes transeuropeas.
-¿Por ejemplo, la 'Y' ferroviaria vasca?
-Como se ha visto, ya se han empezado a licitar las primeras obras de la 'Y'. Supongo que el nuevo Gobierno mantendrá los calendarios.
-Esta ampliación europea ha alimentado una cierta expectativa soberanista en el nacionalismo vasco. La situación política sigue marcada por el debate del plan Ibarretxe. ¿Cómo ve el momento actual?
-Espero y confío que el PNV sea capaz de reconocer y admitir al final que el plan Ibarretxe es un camino a ningún sitio, a ninguna parte, o mejor dicho, a un precipicio. Al plan Ibarretxe se le ha dicho por activa y por pasiva desde la Unión Europea que no tiene cabida en los tratados, que lo que contempla es imposible en la UE. Si por una casualidad el País Vasco fuera independiente, o cualquier región -tal como preguntó una parlamentaria escocesa-, sencillamente se convertiría en un tercer país que dejaría de ser miembro de la UE.
-¿Y cómo entraría?
-Si quisiese volver, tendría que pasar por todos los trámites, desde la aceptación de su solicitud a la aprobación unánime por parte de los países de la Unión No sólo se independizaría del Estado del que es miembro sino también de la UE. Mientras el nacionalismo sea un movimiento autoidentificatorio, de defensa de lo vasco, es muy respetable y razonable. Pero si va por el camino de la independencia se convierte en un error mayúsculo. El riesgo de deslocalización de empresas en el País Vasco será mucho mayor por la inestabilidad política que por la ampliación. La gran consecuencia de esta deriva del plan Ibarretxe es que forzará al País Vasco a marcharse de la UE.
-El Tribunal Constitucional no ha paralizado el debate del plan Ibarretxe como pretendía el último Gobierno de Aznar. ¿No ha quedado desautorizada la estrategia del PP en relación con este proyecto?
-Cuando se recurre a un tribunal, éste puede darte o no darte la razón. La sentencia, con siete votos a favor y cinco en contra, refleja una división interna y que muchos magistrados respaldaban las tesis del Gobierno del PP. Lo que hay que hacer con las decisiones judiciales es acatarlas, tomar nota y tirar para adelante. Esas son las reglas del Estado de Derecho; otros no las respetan.
| Martes, 9 de marzo de 1999 |  |
La magnitud del acontecimiento y su impacto en la sociedad de todos los estados miembros de la Unión Europea se ha puesto de manifiesto con importantes concentraciones de agricultores, dispuestos a «defender su profesión», como bien decía el lema de Asaja el pasado sábado, o la necesidad de preservar los intereses de los profesionales, como reclamaba hace 15 días la también importante convocatoria popular de la COAG. Todos ellos unidos por la unánime voluntad de salvar al mundo agrario de una crisis económica cuyas consecuencias pueden ser gravísimas, no sólo para los hombres y las mujeres del campo, sino también para la sociedad en su conjunto.
El Gobierno español, desde el presidente, José María Aznar, hasta los ministros Abel Matutes y Rodrigo Rato, ha sostenido con tesón inquebrantable al Ministerio de Agricultura en la defensa de los intereses españoles, y esta enérgica actitud durante las largas sesiones anteriores a la cita capital de hoy ha permitido que España haya sido atendida en una parte importante de sus reivindicaciones que, como es natural, no pasarán del estado de proyecto al de realidad legal hasta que el proceso haya terminado. Pero es evidente que siempre se luchará mejor en la discusión final con un paquete de propuestas favorables que sobre la incómoda posición del punto cero.
Dicho todo esto, considero un ejercicio de alta utilidad fijar con exactitud el punto en que se abrirán los que deben ser debates definitivos, porque está, por desgracia, muy extendido en España el gusto por el catastrofismo, empeñado en embadurnar con la tinta negra del pesimismo anticipado los términos de un desenlace todavía desconocido.
En primer lugar, será necesario decir que estamos ante una crisis presupuestaria de la Unión Europea, porque su máximo contribuyente, que es, como todo el mundo sabe, Alemania, ha decidido reducir sus aportaciones a la caja común, a su juicio desproporcionadas en comparación a las realizadas por los restantes países del club de los Quince. Esto quiere decir que todos los socios comunitarios se verán afectados, de una manera o de otra, por los recortes o las contribuciones del futuro presupuesto global.
Estamos ante un problema que afecta a todos, y a España entre ellos, por eso constituye una clara deformación de la verdad presentar esta crisis como un recorte que sólo tiene destinatarios españoles: todos, sin excepción, estarán afectados por los futuros ahorros.
Existe ahora mismo sobre la mesa de negociación una sola propuesta formal, con el título Transacción consolidada de la Presidencia de acuerdo con la Comisión, bajo la matrícula SN 2017 / 99. Este documento es el texto de base que circula en el Consejo y tiene el enorme valor de que, para modificar las propuestas de la Comisión, los 15 ministros precisan de la unanimidad.
Naturalmente, cada Estado miembro es muy libre de lanzar sus propuestas y someterlas a la aprobación colectiva, tal y como ha hecho el Gobierno alemán con su sorprendente texto de recortes drásticos en el presupuesto agrícola, para conseguir un ahorro de 16.000 millones de euros a base de cercenar sin contemplaciones las cantidades destinadas a compensar con ayudas a los agricultores por la bajada de los precios prevista en la Agenda 2000, y desvirtuar el propósito inicial de la Agenda 2000. La propuesta estaba en flagrante contradicción con la de la Presidencia alemana y la Comisión que, como hemos dicho, es el documento de base en circulación.
En este punto se sitúa el centro de gravedad de las negociaciones que hoy abrimos en Bruselas, porque el texto ya citado de la Presidencia y de la Comisión será sostenido, según sus declaraciones en la reunión ministerial del pasado jueves, por el comisario Franz Fischler.
Es falso, rigurosamente falso, decir que hoy empezamos la negociación de cero, porque la propuesta de la Comisión sigue viva y, por lo tanto, invulnerable hasta que otra, votada por unanimidad, la desmonte, o bien el propio comisario decida modificarla para aceptar un nuevo texto transaccional, que será posiblemente la tarea que nos ocupará durante esta semana.
Ni empezamos de cero, ni los ahorros se concentran exclusivamente sobre los intereses agrícolas españoles, porque todos estamos obligados a aceptar la voluntad del socio más rico de reducir sus cuantiosas aportaciones. Ahora se trata de conseguir que las rebajas resulten menos dañinas para los intereses de nuestro país, cuando ya habíamos alcanzado, a fuerza de tesón, el reconocimiento para remediar las injusticias a que ha estado sometida nuestra agricultura, por culpa de una mala negociación a la hora de entrar en el recinto comunitario y por la constante actitud de debilidad en que se movieron los anteriores gobiernos en el terreno específico del mundo agrario.
La verdadera cuestión, si hablamos claro, que debe zanjarse esta semana es el porvenir de la Política Agrícola Común (PAC), establecida en el Tratado de Roma, porque existen fuertes presiones para reducir los gastos destinados al campo, como si la agricultura fuese tan sólo una actividad económica pura y dura, con olvido de todo lo que representa como garantía de la seguridad alimentaria, de ofrecer productos sin adulteraciones y además, servir como guardián del medio ambiente.
Lo importante es salvar la PAC, basada en los dos principios fundamentales del Tratado de Roma: solidaridad financiera y preferencia comunitaria. A eso tenemos que aplicarnos, sin abrir disputas secundarias inoportunas. Ahora se trata de salvar el principio de la existencia de la PAC, y luego veremos la manera de encajar sus necesidades en un presupuesto más estrecho que, en ningún caso, como dijo el presidente Aznar en la última Cumbre de Bonn, podrá ser tan corto como para no atender a las justas necesidades del campo europeo.
Hemos luchado en Bruselas sin descanso por mantener las ayudas que los presupuestos comunitarios ofrecían a nuestros agricultores y, nadie va a ser capaz de debilitar nuestras reclamaciones, basadas en la pura justicia, según las reglas establecidas por el Tratado de Roma.
Las manifestaciones de Asaja y COAG constituyen la expresión de una inquietud y una justa exigencia que tendré el deber y el honor de defender en Bruselas. Ellos saben que jamás nuestro Gobierno ha vacilado en mantener su firme posición, y puedo asegurarles que, a partir de hoy, la voz de España seguirá sin desmayos sonando en defensa de esos admirables hombres y mujeres del campo español, que ofrecen tanto a la sociedad y sólo pretenden «defender su profesión».
Loyola de Palacio es ministra de Agricultura.
